CUANDO LA COMUNIDAD DE DIABETES HABLA,
EL SISTEMA ESCUCHA.
Cada dato que aparece en el #ObservatorioDiabetesCUI.D.AR es posible gracias a los reportes de personas que viven con diabetes, sus cuidadores y familias.
Esa información permite visibilizar barreras, defender derechos y mostrar a los actores clave del sistema de salud la realidad que atraviesa día a día la comunidad de personas con diabetes en Argentina.
Son datos que se construyen entre todos y que reflejan la situación actual de la diabetes en Argentina.
Los resultados no son estáticos: el #ObservatorioDiabetesCUI.D.AR se actualiza en tiempo real y de manera constante, con cada nuevo informe de resultados.
Estos son sólo una pequeña muestra de los reportes analizados.
¡Gracias a todos los que reportan y ayudan a construir datos que permiten defender los derechos de las personas con diabetes con evidencia de la vida real!
Consultá los reportes de las distintas áreas del “TERMÓMETRO” y conocé el desempeño de las coberturas de salud en diabetes.
Más de 9 de cada 10 personas consideran que la respuesta de su cobertura frente a la atención y el tratamiento de la diabetes es regular o mala. Este dato resume una percepción generalizada de insatisfacción y falta de respuestas efectivas. Cuando casi toda la población que reportó en el Observatorio comparte la misma valoración negativa, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural. La falta de acceso oportuno, las demoras y los incumplimientos se acumulan, afectan la continuidad del tratamiento y deterioran la confianza en el sistema de salud. Una cobertura que no responde adecuadamente frente a una enfermedad crónica no solo falla en su función esencial de cuidado, sino que incumple las obligaciones que le corresponden como garante del derecho a la salud.
3 de cada 10 personas que enfrentaron rechazos o costos excesivos al intentar afiliarse a una cobertura son menores de edad. Esto significa que niños y adolescentes con diabetes quedan expuestos a barreras que vulneran su derecho a la salud desde el inicio de sus vidas. La discriminación por una condición de salud no sólo es injusta, sino que incumple la ley. En Argentina, el derecho a la salud de los menores está protegido por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la prioridad absoluta en el acceso a servicios de salud sin discriminación. Negar o dificultar la afiliación por motivos de salud compromete el acceso temprano a controles, tratamientos y seguimiento adecuados, y profundiza desigualdades que el sistema debería prevenir. Cuando el sistema falla con los más chicos, el impacto no es sólo inmediato: es grave, estructural y duradero. Garantizar el acceso a la cobertura de salud desde la infancia no es una opción. Es una obligación legal, ética y sanitaria.
8 de cada 10 personas que enfrentaron rechazos o costos excesivos por preexistencia debieron permanecer en su cobertura actual, aun cuando ésta no cubría adecuadamente sus necesidades. La falta de opciones reales obliga a aceptar prestaciones insuficientes para no quedar completamente fuera del sistema. Esta situación limita el acceso a tratamientos, especialistas y tecnologías esenciales. No se trata de una elección libre, sino de una permanencia forzada. Cuando el sistema no ofrece alternativas, la libertad de elección en salud deja de existir.
Más de 8 de cada 10 personas con diabetes reportaron dificultades para conseguir un turno con un médico especialista en diabetes. La atención especializada es fundamental para ajustar tratamientos, prevenir complicaciones y acompañar el seguimiento de la enfermedad. Cuando el acceso al especialista falla, el cuidado se fragmenta y los riesgos aumentan. Esta situación no sólo genera demoras, sino también abandono de controles y pérdida de oportunidades de prevención. Un sistema que no garantiza el acceso a especialistas compromete la calidad de vida de miles de personas.
10 de cada 10 personas con diabetes y/o familiares reportaron demoras para conseguir turno con el médico diabetólogo. Esto significa que no se trata de un caso aislado ni de una excepción: es un problema que atraviesa a todo el sistema.
La falta de acceso a controles especializados impide ajustar tratamientos, detectar complicaciones a tiempo y garantizar la continuidad del cuidado. Cuando el 100% de las personas enfrenta la misma barrera, hablamos de una falla estructural que vulnera derechos básicos y pone en riesgo la vida de miles.
El 88,9% de las personas debió pagar de su bolsillo estudios esenciales, y un 11,1% ni siquiera pudo realizarlos por falta de recursos.
Esto convierte el acceso a un derecho básico en una cuestión de poder adquisitivo. Un sistema que discrimina a quienes menos tienen y deja a muchos sin diagnóstico ni control. El acceso a estudios que son esenciales para el monitoreo y seguimiento de una condición crónica como la diabetes no puede depender del dinero disponible de cada persona.
El 62,5% de las personas espera entre 1 y 3 meses para conseguir un turno con un especialista vinculado al cuidado de su diabetes. Este retraso impide un seguimiento adecuado y aumenta el riesgo de complicaciones que podrían prevenirse con controles regulares.
La demora en la atención es otra barrera que compromete la salud: los tiempos del sistema no pueden imponerse por encima de la urgencia de la enfermedad.
El 58,2% de las personas reportó que debe realizar trámites innecesarios o repetitivos para continuar con el tratamiento. Este desgaste administrativo no sólo retrasa el acceso, sino que genera cansancio, abandono de tratamientos y desprotección. Un mecanismo deliberado para ahorrar costos que atenta contra la continuidad del cuidado y la calidad de vida de las personas.
Lo que debería ser un proceso simple se convierte en un obstáculo injustificado que vulnera derechos.
Casi 7 de cada 10 personas reportaron problemas de cobertura en estudios básicos como la hemoglobina glicosilada. Sin estos análisis, no es posible un control efectivo de la enfermedad ni prevenir complicaciones.
Una muestra clara de cómo las barreras administrativas ponen en riesgo la vida de quienes viven con diabetes. Cada demora o negativa en un estudio es una oportunidad perdida para cuidar la salud.
El 80% de quienes buscaron afiliarse a una prepaga fuera de su cobertura actual enfrentó aumentos de más del 100% en la cuota. La única razón: tener diabetes.
Y si bien los montos adicionales por preexistencia son válidos, las coberturas omiten decir lo más importante: que ese monto debe ser autorizado previamente por la Superintendencia de Servicios de Salud. Este tipo de prácticas constituyen un acto de discriminación directa, que castiga a las personas por su condición de salud.
A 8 de cada 10 personas que intentaron afiliarse a una prepaga les respondieron sólo con una negativa verbal, sin documentos ni registro.
La realidad es que ninguna cobertura de salud puede evitar la afiliación por preexistencia, es por eso que este mecanismo busca evitar pruebas de incumplimiento y deja a las personas indefensas frente a la vulneración de derechos. Una práctica que invisibiliza la discriminación y crea un modo sistemático de operar que carece de transparencia.
El 63,6% de las personas no sabía que una prepaga no puede rechazar la afiliación por tener una condición preexistente como la diabetes. Este desconocimiento genera un terreno fértil para que las prepagas vulneren derechos. Sin información clara, las personas quedan desprotegidas frente a rechazos ilegales que ponen barreras al acceso a la salud.
Este dato es una señal de la falta de educación en derechos que todavía existe entre las personas que viven con condiciones crónicas de salud.
7 de cada 10 personas con diabetes y familiares/cuidadores indicaron que no reciben Educación en Diabetes por parte de su cobertura de salud.
Sin información ni formación, el autocuidado se vuelve imposible de llevar adelante. La educación en diabetes no es un complemento opcional: es un pilar fundamental del tratamiento de esta condición. También es un derecho.
El 100% de quienes buscan educación en diabetes por fuera de su cobertura lo hace en redes sociales. Esto muestra una dependencia de fuentes externas que muchas veces pueden resultar poco confiables.
La salud no puede quedar librada a la informalidad: la educación en diabetes es un derecho y debe ser garantizada por el sistema. Delegar este rol expone a desinformación y a riesgos que se podrían evitar.
El 100% de quienes respondieron desconocía que los incrementos por preexistencia deben ser previamente autorizados. Ninguno sabía que esta autorización depende de la Superintendencia de Servicios de Salud y que es un trámite que deben cumplir las coberturas que quieren cobrar ese adicional.
Esta falta de información deja a los usuarios en una situación de desprotección frente a prácticas abusivas, sin saber que la ley los ampara.
