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CUANDO LA COMUNIDAD DE DIABETES HABLA,
EL SISTEMA ESCUCHA.
Cada dato que aparece en el #ObservatorioDiabetesCUI.D.AR es posible gracias a los reportes de personas que viven con diabetes, sus cuidadores y familias.
Esa información permite visibilizar barreras, defender derechos y mostrar a los actores clave del sistema de salud la realidad que atraviesa día a día la comunidad de personas con diabetes en Argentina.
Son datos que se construyen entre todos y que reflejan la situación actual de la diabetes en Argentina.
Los resultados no son estáticos: el #ObservatorioDiabetesCUI.D.AR se actualiza en tiempo real y de manera constante, con cada nuevo informe de resultados.
Estos son sólo una pequeña muestra de los reportes analizados.
¡Gracias a todos los que reportan y ayudan a construir datos que permiten defender los derechos de las personas con diabetes con evidencia de la vida real!
Consultá los reportes de las distintas áreas del “TERMÓMETRO” y conocé el desempeño de las coberturas de salud en diabetes.
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*El contenido de esta web es de información general y en ningún caso sustituye el tratamiento ni las recomendaciones de su médico.
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Casi 6 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 tiene problemas de cobertura con su medicación. Estamos hablando de la forma más frecuente de diabetes en Argentina: el 90% de los casos.
Esta falta de acceso deja desprotegida a la mayoría de las personas en lo más básico: el tratamiento esencial para controlar la enfermedad y prevenir complicaciones graves. Una realidad que muestra cómo las barreras en el sistema de salud en Argentina ponen en riesgo la vida de millones de personas.
La insulina es un medicamento vital, no negociable: sin ella, los niños con diabetes tipo 1 no pueden sobrevivir. Sin embargo, 38% de los reportes vinculados a menores de edad indican que enfrentan trabas para acceder a este tratamiento esencial.
Esta realidad refleja un sistema de salud que vulnera derechos básicos y expone a los más chicos a complicaciones graves e incluso la muerte. Garantizar el acceso universal e inmediato a la insulina no es un privilegio, es una obligación ética y legal impostergable.
5 de cada 10 personas con diabetes no pueden continuar el tratamiento que su médico indicó debido a las demoras de su cobertura.
Esto significa que la mitad queda desprotegida frente a una enfermedad que requiere constancia y control permanente. Una burocracia que, lejos de proteger, expone a complicaciones graves y vulnera derechos básicos al priorizar una lógica de ahorro financiero por sobre una lógica sanitaria.
10 de cada 10 personas con diabetes y/o familiares reportaron demoras para conseguir turno con el médico diabetólogo. Esto significa que no se trata de un caso aislado ni de una excepción: es un problema que atraviesa a todo el sistema.
La falta de acceso a controles especializados impide ajustar tratamientos, detectar complicaciones a tiempo y garantizar la continuidad del cuidado. Cuando el 100% de las personas enfrenta la misma barrera, hablamos de una falla estructural que vulnera derechos básicos y pone en riesgo la vida de miles.
El 88,9% de las personas debió pagar de su bolsillo estudios esenciales, y un 11,1% ni siquiera pudo realizarlos por falta de recursos.
Esto convierte el acceso a un derecho básico en una cuestión de poder adquisitivo. Un sistema que discrimina a quienes menos tienen y deja a muchos sin diagnóstico ni control. El acceso a estudios que son esenciales para el monitoreo y seguimiento de una condición crónica como la diabetes no puede depender del dinero disponible de cada persona.
El 62,5% de las personas espera entre 1 y 3 meses para conseguir un turno con un especialista vinculado al cuidado de su diabetes. Este retraso impide un seguimiento adecuado y aumenta el riesgo de complicaciones que podrían prevenirse con controles regulares.
La demora en la atención es otra barrera que compromete la salud: los tiempos del sistema no pueden imponerse por encima de la urgencia de la enfermedad.
El 58,2% de las personas reportó que debe realizar trámites innecesarios o repetitivos para continuar con el tratamiento. Este desgaste administrativo no sólo retrasa el acceso, sino que genera cansancio, abandono de tratamientos y desprotección. Un mecanismo deliberado para ahorrar costos que atenta contra la continuidad del cuidado y la calidad de vida de las personas.
Lo que debería ser un proceso simple se convierte en un obstáculo injustificado que vulnera derechos.
Casi 7 de cada 10 personas reportaron problemas de cobertura en estudios básicos como la hemoglobina glicosilada. Sin estos análisis, no es posible un control efectivo de la enfermedad ni prevenir complicaciones.
Una muestra clara de cómo las barreras administrativas ponen en riesgo la vida de quienes viven con diabetes. Cada demora o negativa en un estudio es una oportunidad perdida para cuidar la salud.
El 80% de quienes buscaron afiliarse a una prepaga fuera de su cobertura actual enfrentó aumentos de más del 100% en la cuota. La única razón: tener diabetes.
Y si bien los montos adicionales por preexistencia son válidos, las coberturas omiten decir lo más importante: que ese monto debe ser autorizado previamente por la Superintendencia de Servicios de Salud. Este tipo de prácticas constituyen un acto de discriminación directa, que castiga a las personas por su condición de salud.
A 8 de cada 10 personas que intentaron afiliarse a una prepaga les respondieron sólo con una negativa verbal, sin documentos ni registro.
La realidad es que ninguna cobertura de salud puede evitar la afiliación por preexistencia, es por eso que este mecanismo busca evitar pruebas de incumplimiento y deja a las personas indefensas frente a la vulneración de derechos. Una práctica que invisibiliza la discriminación y crea un modo sistemático de operar que carece de transparencia.
El 63,6% de las personas no sabía que una prepaga no puede rechazar la afiliación por tener una condición preexistente como la diabetes. Este desconocimiento genera un terreno fértil para que las prepagas vulneren derechos. Sin información clara, las personas quedan desprotegidas frente a rechazos ilegales que ponen barreras al acceso a la salud.
Este dato es una señal de la falta de educación en derechos que todavía existe entre las personas que viven con condiciones crónicas de salud.
7 de cada 10 personas con diabetes y familiares/cuidadores indicaron que no reciben Educación en Diabetes por parte de su cobertura de salud.
Sin información ni formación, el autocuidado se vuelve imposible de llevar adelante. La educación en diabetes no es un complemento opcional: es un pilar fundamental del tratamiento de esta condición. También es un derecho.
El 100% de quienes buscan educación en diabetes por fuera de su cobertura lo hace en redes sociales. Esto muestra una dependencia de fuentes externas que muchas veces pueden resultar poco confiables.
La salud no puede quedar librada a la informalidad: la educación en diabetes es un derecho y debe ser garantizada por el sistema. Delegar este rol expone a desinformación y a riesgos que se podrían evitar.
El 100% de quienes respondieron desconocía que los incrementos por preexistencia deben ser previamente autorizados. Ninguno sabía que esta autorización depende de la Superintendencia de Servicios de Salud y que es un trámite que deben cumplir las coberturas que quieren cobrar ese adicional.
Esta falta de información deja a los usuarios en una situación de desprotección frente a prácticas abusivas, sin saber que la ley los ampara.
